Aprueban Ley que garantiza el derecho que tiene toda persona a la Protección de sus Datos Personales

Aprueban Ley que garantiza el derecho que tiene toda persona a la Protección de sus Datos Personales

Por su trascendencia en el entorno público y social de Tamaulipas, el Pleno Legislativo, aprobó diversos dictámenes en sesión extraordinaria, en los cuales destaca la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado y reformas que brindan solución de fondo al conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares.

El diputado Humberto Rangel Vallejo comentó que se trabajó en un proyecto de ley enviado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través del ITAIT, esta nueva norma, en la cual se señalan como sujetos responsables a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

También a órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

En el desarrollo de las actividades, se aprobó el dictamen presentado por el diputado Rafael González Benavides, por el que se reforma la Constitución Política Mexicana, en materia de justicia cotidiana, incorporando que cuando se trate de juicios o procedimientos seguidos en esta forma que tengan como regla la oralidad será suficiente que quede constancia de lo actuado en cualquier medio que dé certeza de su contenido.

Asimismo, se establece en la Norma Suprema, un principio aplicable a todo juicio o procedimiento de esta naturaleza, para que el órgano de impartición de justicia se aboque a la solución del conflicto, más allá de eventuales inconsistencias o insuficiencias de forma que no contravengan el debido proceso, la igualdad entre las partes o los derechos de las mismas.

La legisladora Brenda Georgina Cárdenas Thomae expresó que se consideró oportuno facultar al Congreso de la Unión para que expida la legislación única en materia procesal civil y familiar, de tal suerte que se pueda homologar en todo el país la norma procedimental, eliminando así la emisión de una multiplicidad de ordenamientos legales sobre la misma material en el orden federal y local.

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